El coste que debe asumir el Estado para cubrir las prestaciones a un trabajador prejubilado es inferior al que le generaría esa misma persona de jubilarse a la edad ordinaria de 65 años.

Esto se debe a que a largo plazo, ya que la esperanza de vida de una persona de 65 años se prolonga hasta los 92 años, la inferior pensión de jubilación que se deriva de adelantar la edad de jubilación (en media en torno al 20% menos, para el conjunto de los prejubilados) supone un ahorro fundamental para la caja de la Seguridad Social.

El ahorro que generan las prejubilaciones alcanza, en media, una anualidad de la pensión de jubilación, lo que repercutido al número creciente de prejubilados que hay en España pone de manifiesto la importancia para el ente público de estos sistemas de prejubilaciones.

Así, las prejubilaciones desempeñan un triple papel. En primer lugar, suponen un ahorro de coste para las entidades que deciden realizarlas. En segundo lugar, se consideran desde cualquier punto de vista una salida de la empresa no traumática, facilitando al trabajador una estabilidad económica hasta alcanzar la edad de jubilación. Y por último, como se desprende de los párrafos anteriores, supone una reducción de los costes sociales del sistema público de pensiones.